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Comenzaron a verse en la zona de frontera los resultados de las arremetidas de la Fuerza Pública y a la vez las acciones de los disidentes de las Farc al mando de alias Guacho, tanto del lado colombiano como ecuatoriano, y como siempre la población civil es la que paga las consecuencias, y son precisamente las comunidades indígenas y afrodescendientes del departamento de Nariño que no han podido salir de esa pesadilla de violencia que pensaron se iba a dilucidar con el Acuerdo de Paz que el Gobierno Nacional firmó con la guerrilla de las Farc, hoy desmovilizada y convertirá en partido político.

En Esmeraldas, costa de Ecuador ya se presentó el desplazamiento de comunidades, que puede ser el primero en la historia, pues no olvidemos que Ecuador históricamente ha sido un territorio de paz y lo ha demostrado, contrario a nuestro territorio en donde vivimos en guerra hace cerca de 60 años. Del otro lado, toda la Nación está conmocionada por estos ataques de ‘Guacho’ a sus Fuerzas Armadas, con la muerte de 7 infantes de Marina, destrucción de guarniciones militares, el secuestro y el ajusticiamiento del grupo periodístico del diario El Comercio y ahora la retención de una pareja de jóvenes que también están en riesgo porque los han utilizado para presionar al gobierno.

En Colombia, precisamente en Tumaco el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, ya ha puesto en conocimiento sobre la presión militar ante los fuertes operativos para arreciar a los hombres del denominado frente Oliver Aldana Sinisterra, que según los dirigentes le impide a la gente hasta salir de sus casas y los obliga a mantenerse confinados. Lo mismo ocurre en otros sectores fronterizos, en La Victoria y Jardines de Sucumbíos, que hacen parte del municipio de Ipiales, antes fortines de las Farc, en donde han aparecido panfletos de intimidación.

Frente a ese rosario de hechos que se han registrado desde enero de este año en la frontera común, hoy los gobiernos de Colombia y Ecuador mantienen un contrapunteo para endilgarse responsabilidades y mientras el presidente Lenin Moreno argumenta que su Nación sufre un conflicto ajeno y que tanto el secuestro y muerte del grupo de prensa se produjo en territorio colombiano, su homólogo Juan Manuel Santos trata de lavarse las manos con la tesis de que todo esto ha sucedido en territorio ecuatoriano e incluso que el tal ‘Guacho’ es ciudadano de ese país. Santos y ningún colombiano puede desconocer que esa semilla del mal la sembramos aquí y que ha sido esa indiferencia y abandono de la institucionalidad del Estado con la zona de frontera la que moldeó ese monstruo del conflicto armado y su impresionante violencia.

Sin embargo el problema tan complejo del poder que han tomado las disidencias y sus arremetidas contra los dos países, no puede quedarse en discusiones bizantinas y los gobiernos binacionales deben fijar una posición de trabajo conjunto y colaboración, pero real, que no sea la chachara de los encuentros, para comenzar una lucha en serio no sólo para acabar con cabecillas como Walter Patricio Artizala, que son parte del problema, sino contra ese floreciente narcotráfico que los mexicanos tienen montado en la frontera pacífica de las dos naciones.

Pero pilas, que esto no implica únicamente lo que piensan los gobiernos, en montar batallones o fuerzas de tarea conjunta, la frontera, principalmente de nuestro lado necesita de un elemento potencializador, que es la inversión social, en darle a la gente una alternativa de futuro que hoy no la tiene y por eso prefiere cultivar coca y aceptar esa realidad guerra, aunque eso significa la perdición.

Por qué no hay coca del otro lado de la frontera y tampoco violencia, a excepción de estos últimos hechos, porque Ecuador nos ha demostrado que el Estado, sin ser suficientemente rico, si puede hacer presencia y garantizar los derechos de sus ciudadanos.

 

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